Por Manuel Mas Cabrera
Pocas cosas han ocasionado una reacción tanto como el fenómeno conocido como la “gentrificación”. Este anglicismo, cuyo nombre en español es aburguesamiento, ocasiona gran debate sobre sus efectos en las comunidades más vulnerables. Auspiciado por las nuevas tecnologías, cuestionando la habilidad de planificar ciudades de forma no discriminatoria, y la provisión de fondos a las comunidades, nuestra respuesta a este fenómeno como país será uno de los grandes retos para nuestro desarrollo socio-económico.
Este fenómeno resulta de la cuarta etapa de urbanización, en la cual los integrantes antiguos adinerados que se habían mudado fuera de los centros de las ciudades vuelven a estos centros a insertar el capital acumulado en los suburbios para “renovar” las áreas previamente ocupadas por las comunidades desaventajadas que se quedaron atrás. Gran parte de esta renovación resulta en el desplazamiento de estas comunidades ya que incrementa el precio de vivienda en estos lugares, así imposibilitando la permanencia de estas comunidades.
Recientemente, la tecnología se ha presentado como un ente centralizador en esta cuestión. Aplicaciones como AirBnB u otros integrantes de la llamada “economía del compartimiento” han ayudado al desplazamiento general de poblaciones ya que ofrecen a los terratenientes una plataforma mediante la cual pueden rentar sus hospedajes a precios más altos todo el año. Estas tendencias no solo se reportan en Puerto Rico. Un estudio reciente llamado “Faces of Airbnb: NYC, Airbnb as A Racial Gentrification Tool” encontró, entre otras cosas, que en los 72 vecindarios predominantemente negros en la ciudad de Nueva York, la población de anfitriones es 74 por ciento blanca en comparación con una población solamente 14 por ciento blanca en estos vecindarios y que los anfitriones de Airbnb blancos ganaban en renta más del 530 por ciento que ganaban los anfitriones negros.
Estos no son los únicos efectos. Se puede ver del caso de Nueva York que se han reducido las unidades de vivienda por una cifra de 13,500 unidades, la oferta reducida de vivienda ha subido el precio de la renta por 380 dólares por persona y hay 4,700 “ghost hotels” rentando cuartos privados para reducir la cantidad de vivienda por 1,400 unidades.
En este caso la tecnología se ha presentado con las mismas tendencias discriminatorias que existían antes de ser introducida al panorama de la gentrificacíon. Estos acontecimientos nos plantean la necesidad de planificar las ciudades de forma no discriminatoria. Para eso es necesario lo opuesto de las tendencias centralizadoras, desarrollo comunitario autónomo. Se podría empezar por reformular la provisión de fondos de organizaciones sin fines de lucro y del gobierno para que las comunidades en cuestión tengan más autonomía en cuanto a la utilización de esos fondos.
Para eso se necesitan datos. Utilizando las últimas técnicas disponibles mediante la nueva disciplina de la ciencia de datos o data science se podría mejorar la colección de datos y tendencias sociales y económicas para entes como el Instituto de Estadística o las diversas organizaciones. Técnicas como las encuestas comunitarias y el machine learning podrían bajar los costos de formular esos datos, así mejorando la provisión de estos datos. Pero los datos mejorados no nos servirán si no hacemos un intento para reformar el sistema político actual, que es uno centralizador, a uno genuinamente federalista.
Se ha mostrado en este debate que la participación de los diversos “stake holders” es importante para que los proyectos comunitarios funcionen. El gobierno se ha posicionado como el ente monopolizador de recursos que necesitan estas comunidades. En un esquema genuinamente federalista, los municipios tendrían los poderes necesarios, mediante el veto a las tendencias centrales, para proveer los fondos para sus distintas necesidades comunitarias. Igualmente, extendiendo la idea federalista a las comunidades como tal, reformando el sistema de gobierno municipal para que los diversos “stake holders” (organizaciones comunitarias, organizaciones sin fines de lucro, negocios, etc) tengan un poder de veto a las decisiones de la clase política será de suma importancia.
Finalmente, para que todo esto funcione necesitamos re-orientar nuestra concepción de lo que es gobernar a ser uno que sirva a los intereses de los puertorriqueños, no a los diversos intereses extranjeros.
Manuel Mas Cabrera es un estudiante de tercer año en Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, donde se especializa en relaciones internacionales y política comparada. Sus intereses tornan en cuanto a la seguridad internacional y la gobernanza global y local, intereses que lo llevaron a participar del programa En Acción 2019 de MPA.
