MPAeños Opinan
Por Sabrina Rodríguez
Gran parte de la violencia de género tiene su origen en la desigualdad de género, es decir, en la posición de subordinación y marginalidad. En Puerto Rico ocurre un feminicidio cada siete días. Esto equivale a una tasa de feminicidio promedio de 3 por cada 100,000 mujeres. Según la clasificación usada en el informe Global Burden of Armed Violence, Every Body Counts, tasas mayores de 3 feminicidios por cada 100,000 mujeres son altas. La violencia de género no es una problemática que solo abarca a quienes se identifican como mujeres. La falta de protocolos y entendimientos uniformes de lo que es género y cómo se abarca excluye frecuentemente a la comunidad LGBTTQI+ de la discusión y de los esfuerzos pertinentes. Los Principios de Yogyakarta, presentados ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 26 de marzo de 2007, promueven la inclusión de las categorías de orientación sexual e identidad de género entre los derechos humanos que deben proteger los Estados y presentan estándares legales para la promulgación de legislación en protección de esta población. Es deber del Estado cumplir con todxs sus constituyentes y ofrecerles protección equitativa ante las leyes.
En 2018, la Policía de Puerto Rico alegó que, de 51 asesinatos de mujeres, ninguno fue un feminicidio. Sin embargo, hay una discrepancia entre las estadísticas de la Policía, Departamento de Justicia, el Registro Demográfico, y el Negociado de la Policía no tiene un protocolo para atender la violencia de género, educación ni entrenamiento con perspectiva de género. La falta del mismo hace casi imposible que estxs puedan reconocer, clasificar y trabajar adecuadamente un feminicidio. Además, no están capacitadxs para reconocer la violencia de género y todas las violencias que se producen de la misma. Es necesario establecer el protocolo y adiestrar correctamente para esclarecer situaciones que podrían acabar en un posible feminicidio. El problema que constantemente enfrentamos con las estadísticas de violencia doméstica es que estas excluyen todo acto que ocurre en la vida pública.
La Policía de Puerto Rico reportó 6,725 incidentes de violencia doméstica para el año 2019. Dichas estadísticas no están divididas por género. Al reformular la manera en que se clasifican estos actos, las nuevas estadísticas de violencia de género deben incluir: agresión simple, agresión sexual, feminicidios, crímenes de odio (hate crimes), entre otrxs. Esto permitiría un enfoque amplio que cumpla con los nuevos estándares estipulados bajo esta ley. La Oficina de la Procuradora de la Mujer y la Oficina de Estadísticas del Negociado de la Policía de Puerto Rico reportan estos datos preliminares de incidentes de violencia doméstica por área policiaca entre enero a mayo 2020. Nuevamente, fallan en clasificar delitos bajo violencia de género.
Si bien la tasa de feminicidios en Puerto Rico es alta, otros países con menores tasas y mayor población han tomado las medidas correctivas para trabajar la violencia de género. Puerto Rico tiene una tasa de feminicidios de 3.0. Sin embargo, en 2019, Uruguay declaró un estado de emergencia ante la violencia de género, teniendo una tasa de 2.4 en feminicidios. El gobierno uruguayo entendió que la situación ameritaba la declaración de una emergencia nacional y la implementación de medidas orientadas a profundizar el trabajo del Estado a través del Plan de Emergencia Nacional Por una Vida Libre de Violencia de Género. Aún no existen estadísticas por el corto periodo de implementación. A diferencia de Puerto Rico, el gobierno de Uruguay ha tomado las medidas pertinentes para abordar el asunto con la seriedad y prontitud que amerita.
Las raíces históricas, políticas, económicas, culturales y sociales tienen que reconocerse para dirigir esfuerzos hacia la erradicación de la violencia de género. La complejidad alrededor de este fenómeno obliga a no solo analizarlo, sino también a trabajar desde la base de nuestras familias y comunidades y, a su vez, adelantar políticas sociales inclusivas en distintos ámbitos, tanto de prevención, como de intervención.
