Por: Cristian Martínez
El distanciamiento social es un privilegio. Es un privilegio para las personas que tenemos casa, o suficiente para pagar la renta. Es un privilegio para las personas que podemos hacer compra para más de dos días. Es un privilegio para las personas que seguimos cobrando y podemos pagar la luz, el agua, el celular, el internet, entre otras utilidades. Es un privilegio para las personas que vivimos en un hogar seguro sin violencia machista que nos mata.
Pensemos en un hogar donde la cabeza de familia acaba de ser cesanteada como una de las 400 trabajadoras y trabajadores que fueron despedidas en nuestros hospitales, o peor como los cientos de personas que sus horas han sido reducidas y no tenemos datos para evaluarlo. Esta familia además tiene dos hijas que son parte de nuestro sistema público de enseñanza y participantes del programa de comedores escolares y ahora a esta familia se le añaden dos comidas extras dos veces al día como si la compra no fuera limitada de por sí.
Esta cabeza de familia es una mujer trabajadora que también posiblemente cumple el rol de cuidadora para algún otro miembro de la familia, y aunque está cesanteada no para de trabajar. Esto no es un cuento de hadas, o un triste caso, más del 50% de nuestra niñez vive en la pobreza, el 46% de nuestras familias son dirigidas por una mujer y aproximadamente el 86% de las estudiantes de escuela pública son elegibles para el programa de comedores escolares.
Como todo privilegio tenemos que reconocerlo, ser consciente, actuar con empatía y tomar acción efectiva para crear espacios más inclusivos. Esto no quiere decir que tenemos que desobedecer las recomendaciones de los salubristas y quitar la cuarentena, pero tenemos que reconocer los problemas que causa el distanciamiento social y atenderlos.
Necesitamos un task force social que atienda la dimensión socio-económica de esta emergencia. Necesitamos reconocer que la única solución que tenemos para el coronavirus actualmente crea otros problemas. El Covid-19 y la cuarentena no se manifiestan en un vacío, sino que se desarrollan en un Puerto Rico:
- que vive un estado de emergencia por violencia machista sin declarar;
- con refugiados por la ineficiencia del gobierno en proveer vivienda segura y accesible después de los sismos en el suroeste;
- aún recuperándose de los Huracanes Irma y María;
- en crisis financiera y económica; y
- viviendo la realidad colonial de la isla.
El Task Force Social no viene a resolver todos nuestros problemas, pero puede ofrecer una visión y un conocimiento más diverso de cómo atender esta realidad desde una dimensión socio-económica. Es un complemento al Task Force médico.
Por esto también es esencial que las personas llamadas a servir en este nuevo grupo de asesores sean seleccionadas de organizaciones que tienen contacto directo con las comunidades y puedan servirles de representación. Hace falta un task force social que cuente con la voz de trabajadoras, de organizaciones de base comunitaria, líderes comunitarios, estudiantes, fundaciones y las científicas sociales de nuestra Universidad de Puerto Rico.
Como dijo la periodista Alejandra Rosa: “es tiempo de atender las emergencias dentro de la emergencia, con la misma urgencia que nos perturba una alarma nacional a diario”.
Miembro de la Junta de Directores
Mentes Puertorriqueñas en Acción
